Hoy está previsto que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional sus observaciones al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Así lo confirmó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la agencia estatal de noticias Andes.
La expectativa de asambleístas y autoridades seccionales se centra en dos puntos de la ley: el artículo 172 que permite a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) emitir sus propias loterías para generar recursos y la nueva fórmula de cálculo para la repartición de las rentas a los GAD. “Los vetos serán voluminosos”, dijo Mera.
CIFRA
10% de lotería de lo que vende la JBG se hace en la provincias Pichincha, Cotopaxi e Imbabura.
El lunes pasado el presidente Rafael Correa se reunió con los directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) para analizar su pedido de veto parcial al Cootad. La institución cree que dar paso a la emisión de otras loterías afectaría sus ingresos. Al salir de la cita, Werner Moeller, director de la JBG, se mostró esperanzado.
Dos días después, Correa afirmó que era una decisión compleja la que debía tomar, debido a que estaba recibiendo presiones de la Asociación de Municipalidades del Ecuador para no objetar el inciso. Pero que tampoco iba a permitir la proliferación de loterías porque son juegos de azar.
Lautaro Aspiazu, miembro del Directorio de la JBG, dice que con esas declaraciones el Presidente los dejó “en el limbo” y que esperarán el veto de hoy para tomar una postura. Añadió que si no hay un veto, las loterías que a futuro hagan los GAD “van a fracasar, pero hasta que fracasen nos van a golpear”.
La Cámara de Comercio de Guayaquil se reunirá hoy, por segunda ocasión, para analizar la situación de la JBG frente al Cootad y el Código de la Producción.
La postura de María Paula Romo, asambleísta de Alianza País, es similar a la del Jefe de Estado. A su juicio, no se puede entregar a una institución privada el monopolio de una actividad a través de la ley. “Por buena que sea la labor que hace la Junta de Beneficencia”. Concuerda en que se debe crear una regulación a la emisión de boletos de lotería “porque pueden servir para encubrir otras acciones ilícitas”.
La postura de María Paula Romo, asambleísta de Alianza País, es similar a la del Jefe de Estado. A su juicio, no se puede entregar a una institución privada el monopolio de una actividad a través de la ley. “Por buena que sea la labor que hace la Junta de Beneficencia”. Concuerda en que se debe crear una regulación a la emisión de boletos de lotería “porque pueden servir para encubrir otras acciones ilícitas”.
El asambleísta de Madera de Guerrero, Andrés Roche, se opone a ese método, porque considera que perjudicará a las ciudades más grandes. El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, también cuestionó el martes pasado la fórmula de cálculo. En eso coincide con el Municipio.