Diario El Comercio, Quito. El Gobierno cumplió con su anuncio. En el veto al Código Territorial pretende terminar con la exclusividad que tiene la Junta de Beneficiencia de Guayaquil (JBG) para comercializar productos de lotería a escala nacional.

Esta es una de las principales reformas que plantea la Presidencia de la República dentro de la objeción al cuerpo legal que pretende cambiar el manejo y administración de los gobiernos seccionales autónomos. A pesar de que en la mañana de ayer se anunció que el veto del presidente Rafael Correa al Código Orgánico Territorial llegaría la próxima semana, al finalizar la tarde la Secretaría General de la Legislatura recibió el documento.

En resumen, el veto al Código territorial trae 80 observaciones a la ley que fuera aprobada por la Asamblea Nacional en agosto pasado. En la objeción presidencial existen dos modificaciones clave que dan otro espíritu al documento salido desde la Función Legislativa.

Estos son una nueva fórmula para entregar los recursos presupuestarios a los gobiernos seccionales.

En la propuesta del Legislativo se tomaba en cuenta aspectos como la población general de las jurisdicciones, los servicios básicos y la calidad de la administración. Ahora en la propuesta del Ejecutivo se pretende no tomar en cuenta la población general, sino la rural como parámetro de la entrega de recurso. Esto se debe a que este sector es el más perjudicado dentro de las políticas públicas.

El segundo cambio radical se refiere a la posibilidad de que los gobiernos seccionales puedan realizar rifas y sorteos como una fuente de recursos para su presupuesto. Pero en el veto se establece que solo las regiones (un nuevo sistema que pretende que se unan varias provincias en una jurisdicción) podrán organizar loterías. No podrán hacerlo los municipios, cantones y juntas parroquiales.